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Redacción. – Adriana Apolo

La fiscal general, Diana Salazar se reunió con el representante regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La tarde de este miércoles 23 de febrero de 2022 se realizó una reunión entre la fiscal Diana Salazar y Jan Jarab, representante regional de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. En la reunión también estuvo presente Paola Onofa, asesora de Derechos Humanos. Ambos visitaron Ecuador para realizar un análisis de la situación en la que se encuentra el país en base del respeto a los derechos.

En la reunión Diana Salazar señaló varios puntos, mencionó que “Fiscalía ha elaborado y socializado directrices sobre la aplicación de estándares internacionales para casos de protesta social, que brindan pautas en las investigaciones, para evitar la criminalización de quienes ejercen su derecho”. En el documento socializado por Fiscalía sobre la protesta social se menciona que esta es un derecho, así como la libertad de expresión, y que Fiscalía investiga cuando estos derechos traspasan y afectan al derecho de otros.

También se habló sobre la crisis carcelaria que vive el país en estos últimos tiempos. La fiscal general señaló que es el Estado quien debe garantizar la seguridad del país a través de las instituciones correspondientes. Dicho de esto, el gobierno presentó un proyecto para transformar el Sistema de Rehabilitación Social con enfoque de Derechos Humanos, el cual plantea una intervención integral en las prisiones con el fin de terminar con la crisis carcelaria.

Asimismo, respecto a la prisión preventiva, indicó que es una medida cautelar que la Fiscalía solicita y debe ser calificada y aceptada por los jueces. Aunque, según el gobierno, esta medida ha contribuido al hacinamiento carcelario en el país. Otro tema que se trató fue el caso Furukawa, que para la Fiscalía es un caso emblemático. “Desde la empresa involucrada se ha intentado criminalizar a las víctimas, pero se avanza con la investigación y en el proceso se han conseguido medidas de protección para 115 personas”, agregó la fiscal Salazar.

Furukawa es una empresa de capital japonés, la cual se estableció en Santo Domingo de Los Tsáchilas en 1963. Sin embargo, fue investigada por el presunto delito de trabajos forzados y otras formas de explotación laboral. La empresa tuvo que indemnizar a 123 de sus exempleados, quienes demandaron a la compañía por las terribles condiciones en las que trabajaban.