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Redacción.- Bryan Ayala

El presidente Guillermo Lasso firmó su primer estado de excepción para el sistema carcelario, pero es el tercero que se decreta en tres años.

La nueva masacre en las cárceles ocurrida el pasado 29 de septiembre en la Penitenciaría del Litoral mostró la realidad del sistema de rehabilitación de nuestro país. 

El 4 de marzo de este año la Corte Constitucional, refiriéndose al asesinato de 80 reclusos en consecuencia de peleas entre bandas que ocurrieron en prisiones de Guayaquil, Latacunga y Cuenca el 23 de febrero, afirmó que el conflicto ocurre «producto de las fallas estructurales que presenta el Sistema Nacional de Rehabilitación Social». Además, según la Corte Constitucional, estos sucesos pudieron haber sido evitados.

La crítica de la Corte, publicada en un documento de 16 páginas, se enfocó en los dos últimos años del gobierno de Lenín Moreno, en los cuales no se resolvió la crisis carcelaria después de dos declaratorias de estado de excepción. Lo cual, también sumado a que «no existe una política pública con un enfoque en derechos humanos y la aplicación de sus principios transversales, que aborde al Sistema Nacional de Rehabilitación Social», provocó que se perdiera la oportunidad de traer cambios.

Por su parte, el actual presidente Guillermo Lasso, cuando ingresó al poder declaró en emergencia el Sistema Carcelario 22 de julio. Así mismo, este 29 de septiembre de 2021 declaró excepción en los centros penales del país tras el enfrentamiento registrado el martes en la Cárcel Número 1 de Guayaquil, donde se conoce que hubo 116 reos fallecidos y 80 heridos. 

También, el jefe de Estado destituyó al general Edmundo Moncayo como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y lo reemplazó por Fausto Cobo, a quién se le recomendó reestructurar el sistema carcelario.