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Redacción: Monserrat Aguirre 

En medio de una gran polémica, Guatemala ha aprobado la Ley para la Protección de la Vida y la Familia con más de cien diputados afines al criterio del presidente Alejandro Giammattei, quien se opone a toda forma de interrupción voluntaria del embarazo. 

La nueva ley se basa en endurecer las penas por aborto, es decir, que estas irán desde los cinco hasta los 25 años de cárcel, queda prohibido el matrimonio igualitario y la educación sexual y contenido LGBTI deberá ser regulado en las escuelas. Y alega que la educación de los niños compete únicamente a sus padres. 

Según el medio Europa Press, Guatemala contempla solamente el aborto espontáneo y terapéutico, este último solo cuando la vida de la persona embarazada esté en riesgo. 

Así mismo, la nueva ley proclama que queda fuera del currículum educativo todo contenido que esté fuera de los valores conservadores. Lo que supone que tanto niños como adolescentes no podrán tener en sus centros educativos “políticas o programas relativos a la diversidad sexual”, puesto que la ley prohíbe “Expresar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”. 

Según el portal digital de noticias RT, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera en sus declaraciones aseveró: “Hoy dimos un gran paso en la defensa de nuestra Nación, los felicito compañeros por su valentía”. 

Según el mismo medio (RT), la iniciativa  de crear esta nueva ley conocida como decreto 18-2022, se presentó ante el Congreso el 27 de abril de 2017, misma que entró a primero y segundo debate en agosto de 2018, hasta llegar al tercer debate donde fue finalmente  aprobada. 

No obstante, la promulgación  de esta ley ha ocasionado malestar entre asociaciones de mujeres y colectivos GLBTI, por lo que varias personas representantes de estos gremios se han reunido en las afueras del congreso de Guatemala para expresar su oposición. 

La ley para la Protección de la Vida y la Familia fue aprobada por el Congreso de Guatemala durante la noche del martes 8 de marzo, cuando el mundo conmemoraba el Día Internacional  de la Mujer.