Milei da la espalda a los jubilados y oficializa el veto a la mejora de pensiones en Argentina
El ultraliberal, que ha hecho del recorte al gasto público su principal objetivo, vetó la ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones alegando que su implementación "desequilibraría las cuentas fiscales".
INTERNACIONAL
Alex Eduardo Berrones Merchan
9/2/20242 min read
El veto del presidente Javier Milei al proyecto de ley de actualización de jubilaciones marca una decisión política significativa que tiene implicaciones profundas. El proyecto, aprobado por amplia mayoría en el Parlamento, proponía una fórmula de ajuste para las jubilaciones que combinaba el índice de inflación y la variación de los salarios formales, con un ajuste adicional del 8,1%. Esta fórmula buscaba mitigar el impacto de una inflación extremadamente alta, que alcanza el 263,4 % interanual, y mejorar la situación de los jubilados que, en su mayoría, viven con ingresos mínimos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El rechazo del Ejecutivo a la ley ha generado una fuerte reacción de la oposición y sectores sociales. Diputados de diversas fuerzas políticas, incluidos miembros de la Unión Cívica Radical (UCR), han criticado el veto, argumentando que no aborda adecuadamente la grave situación de los jubilados. Además, el peronismo ha organizado una recogida de firmas en contra del veto, destacando la falta de medidas adecuadas para enfrentar el problema de la jubilación en un contexto de alta inflación.
El rechazo de la oposición subraya una discordancia profunda entre el gobierno y los sectores que lo critican. La oposición considera que el veto profundiza la crisis económica y social, especialmente para los jubilados, que son una de las poblaciones más vulnerables. Esta discrepancia resalta la falta de consenso en torno a las políticas económicas del gobierno, y muestra un desafío significativo para Milei en términos de gobernabilidad y apoyo social…
El Gobierno ha justificado el veto argumentando que la implementación del aumento propuesto implicaría un gasto adicional del 1,2 % del PIB y requeriría la contracción de deuda, lo que iría en contra del objetivo de mantener un superávit fiscal. Desde esta perspectiva, Milei sostiene que su decisión es necesaria para evitar un aumento del déficit fiscal y el riesgo de una mayor deuda, que podrían tener consecuencias económicas negativas a largo plazo.
Sin embargo, este argumento ha sido recibido con escepticismo por parte de muchos críticos, quienes sostienen que la medida del gobierno no refleja adecuadamente la urgencia de la situación de los jubilados. El aumento propuesto por el gobierno (4 % en las pensiones) podría no ser suficiente para contrarrestar el impacto de la alta inflación y las necesidades crecientes de los jubilados.
La respuesta social al veto ha sido intensa, con manifestaciones de jubilados que exigen una solución adecuada. Las protestas, que incluyen una marcha hacia la Casa Rosada, reflejan un descontento creciente y la percepción de que el gobierno no está tomando medidas suficientes para proteger a los sectores más vulnerables. La represión de estas protestas con gas pimienta y porras por parte de la policía, de acuerdo con el protocolo antipiquetes del gobierno, agrava aún más el conflicto social.
Estos escenarios resaltan un desafío importante para el gobierno de Milei en términos de legitimidad y apoyo popular. La implementación de políticas que afectan directamente a los jubilados, junto con la respuesta represiva a las protestas, podría tener un impacto negativo en la percepción pública del gobierno y su capacidad para manejar la crisis económica y social.